El Ministerio de Sanidad ha movido ficha para reducir la factura farmacéutica. La dirección de Farmacia ha revisado el precio de todos los medicamentos financiados que tienen más de diez años y ha reducidos el precio de decenas de ellos para bajar el gasto anual en medicamentos. La estimación que baraja el departamento que ahora controla Mónica García es poder ahorrar 200 millones de euros de cara a 2024.

Los medicamentos revisados son dispensados tanto en las farmacias de calle como en los hospitales. De hecho, la mayoría del ahorro vendrá en fármacos que se administran en los centros sanitarios, donde se espera dejar de gastar unos 160 millones anuales. Sin embargo, Sanidad ha realizado una excepción a un conjunto de medicamentos, a los que no les ha revisado el precio. Se trata de 361 fármacos que están considerados como esenciales para la población por la Organización Mundial de la Salud. Cabe recordar que la directiva donde se sustenta la posibilidad de rebajar los precios de los fármacos establece un umbral mínimo establecido en 1,6 euros.

Tanto las compañías como la distribución y las farmacias tendrá de plazo hasta el 31 de diciembre para adaptar los nuevos precios y vaciar el canal de los medicamentos a precios antiguos. En todo caso, hasta la fecha citada estará en vigor el precio previo a la revisión que se ha realizado.

El gasto en medicamentos

La factura farmacéutica que pagan las comunidades autónomas ha ido creciendo a lo largo de los últimos años, si bien en términos porcentuales comparados a los presupuestos se mantiene más o menos estable. Los últimos datos anualizados disponibles son los de 2022, cuando se superaron los 21.000 millones de euros en el conjunto de España.

El ministerio de Sanidad proporciona la factura que se realiza en las oficinas de farmacia, mientras que el ministerio de Hacienda se encarga de contabilizar el gasto que realizan los hospitales del Sistema Nacional de Salud. En el primero de los casos, el gasto en 2022 fue de 12.326 millones de euros en el conjunto de España, mientras que en el segundo de los casos fue de 8.825 millones de euros.

La revisión de los precios no es una cuestión técnicamente obligatoria, si bien sí lo es de facto. Es decir, los propietarios de los medicamentos pueden decir no reducir sus precios, pero en ese caso saldrán de la financiación pública. Además, cabe recordar que esta revisión de precios no afecta a los medicamentos que están bajo patente.

Por otro lado, la directiva de Sanidad solo afecta a los medicamentos que el Ministerio tiene financiados. Esto implica que todos aquellos que se pueden comprar sin la necesidad de que lo recete un médico seguirán al precio que el comercializador del producto decida. Es decir, medicamentos como el ibuprofeno de 400 miligramos no se ve afectado, así como productos de dermocosmética.